INCAPACITACIONES

La incapacitación judicial se define como procedimiento legal para limitar la capacidad de una persona con discapacidades físicas o psíquicas, declarándola incapaz para administrar sus bienes y persona, y nombrándole un tutor. Actualmente el proceso es sustituido para establecer medidas de apoyo, promoviendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y estableciendo la curatela como medida principal, con la tutela solo para casos excepcionales y representativos, buscando siempre el apoyo y no la sustitución de la voluntad. Su finalidad es proteger a la persona y su patrimonio de abusos, limitando su capacidad para realizar actos jurídicos (matrimonio, contratos, administrar dinero) debido a una enfermedad o deficiencia persistente.

Con la reforma de la Ley 8/2021, se elimina la incapacitación judicial y, con ella, la figura de la tutela para las personas con discapacidad. Actualmente existen las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, que consisten en:

• Medidas de apoyo:Se implementaron nuevos mecanismos de apoyo para que las personas ejerzan su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
• Curatela:Principal figura de apoyo, donde el curador asiste y complementa la capacidad del afectado, no lo sustituye.
• Tutela (Excepcional):Se mantiene la tutela, pero solo en casos muy limitados donde no hay otra opción, como curatela representativa, actuando siempre bajo supervisión judicial.